14 diciembre 2020
El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación hace públicos los datos anuales a que obliga la Directiva Europea sobre la protección de los animales utilizados para fines científicos (DIRECTIVA 2010/63/UE), una orden transpuesta a nivel estatal mediante el Real Decreto (53/2013).
A pesar de las repetidas evidencias, a pesar de la insistencia y a pesar de las constantes peticiones, el estado español sigue realizando pruebas, con el mismo número y volumen, en todo tipo de animales. La cifra total de usos en experimentación, correspondientes al año 2019, es de 817.742 tests realizados. Eso significa una escasa disminución de 18.354 experimentos con respecto a 2018. Reducción engañosa puesto que, sin saber exactamente el motivo, Castilla y León ha dejado de informar, de al menos la mitad de las pruebas realizadas. Significa que en el caso de incluir esta información se igualarían, o superarían, las estadísticas del ejercicio anterior. Es la conclusión que se extrae del Informe sobre usos de animales en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia en 2019, hecho público a principios de diciembre de 2020 por el Ministerio.
Se destaca especialmente un dato grave; aumentan los tests de pirógenos, lo que significa, la inducción de productos (patógenos o materiales) para comprobar si estos provocan o no una reacción febril en el organismo. En 2018, estas pruebas realizadas mayoritariamente con conejos llegaron a las 8.802 y en 2019 fueron 8.827. El incremento es pequeño (25 más) pero los números resaltan de manera especial cuando se ve que la cifra significa casi un cuarto del total de los tests contabilizados para el mismo período en la Unión Europea (35.172). Todo ello, a pesar del foco específico que recientemente han puesto los lobbys de presión continental en el asunto, porque los experimentos de pirogenicidad pueden ya realizarse de manera más que validada en métodos alternativos, como son, por ejemplo, los modelos de células humanas cultivadas in vitro. No usar alternativas validadas contradice, en consecuencia, la legislación europea y el reglamento español que la transpone, publicado en el año 2013.
Otro punto a considerar es el daño que los diferentes experimentos infringen a los animales. La norma divide esta catalogación en 3 grados distintos: “leves”, “moderados”, o “severos”, y añade también la categoría “sin recuperación” que hace referencia a la muerte definitiva y que se produce, en gran parte, en pruebas tóxicas como pueden serlo los dramáticos experimentos de letalidad realizados con Toxina Botulínica (Test L50 de Botox). Es cierto que las pruebas de toxicidad totales presentan un ligero descenso (de 103.087 en 2018 a 97.536 en 2019), pero el total de casos graves se acrecienta. Mientras bajan las afecciones leves y moderadas, la cifra de casos severos se eleva de 52.818 a 60.162, y la tasa de no supervivencia, “sin recuperación”, alcanza los 55.091 casos, por los 38.163 del año 2018.
Hay que destacar, también, que los experimentos relacionados con la investigación básica (comportamiento, fisiología, etc.) descienden ligeramente (de 395.708 a 373.108) mientras que aquellos destinados a investigación aplicada (enfermedades concretas, tratamientos, etc.) presentan un notable incremento (218.568 en 2018 y 282.744 en 2019). A pesar de que el informe asegura que en la mayoría de los casos el sufrimiento de los animales no pasa de moderado, los experimentos dedicados a investigación oncológica o al tratamiento de enfermedades respiratorias son susceptibles de originar más angustia y dolor que aquellos que buscan sólo dirimir aspectos biológicos o de comportamiento. Es remarcable en este último apartado, el aumento exponencial de pruebas que se derivan de la necesidad de negocio de las explotaciones industriales ganaderas o de acuicultura. Hay dos marcadores que evidencian otro perjuicio a los ya dañinos efectos contaminantes y de respeto hacia los animales que conllevan las explotaciones intensivas. El primero, el número de tests destinados al comportamiento, etología o biología animal en granjas que utilizan mayormente, pollos de engorde, gallinas ponedoras, conejos y peces, que pasó de los 89.654 en 2018 a los 90.094 en 2019. Asimismo, las pruebas para comprobar el “bienestar animal” en recintos de cría intensiva se multiplicaron por 10: de las 5.186 realizadas en 2018 se pasó a las 54.316 del pasado ejercicio.
En cuanto a las especies, cabe resaltar que baja ligeramente el número de mamíferos involucrados en experimentos (especialmente roedores, cerdos, conejos, vacas y primates) y que sube en especial la cifra de peces, cefalópodos, anfibios, réptiles y aves de corral utilizados. Preocupantes son también las cifras de procedencia de dichos animales torturados aún en pleno siglo XXI a pesar de la evidencia científica reiterada y de los métodos alternativos validados existentes. Durante el último ejercicio, en este sentido, aumentaron en 15.178 los animales procedentes de establecimientos no registrados. Y lo hicieron de 3 a 328 los nacidos en recintos de fuera de la Unión Europea, que quedan habitualmente regulados por legislaciones mucho menos exigentes.
Hay que especificar que los datos del informe, que habrá que comparar ahora con los equivalentes publicados de otros países europeos, se basan en el número total de experimentos y no en el número total de animales utilizados. Significa que existen animales que repiten y que se contabilizan como “reutilizados”, aunque no se especifica el número de veces que lo han sido, por lo cual es imposible hacer el cálculo total de individuos involucrados. Recalcar que sigue sin haber constancia alguna de inversión por parte del estado español, para investigar e incentivar los métodos alternativos.